La importancia de las segundas oportunidades
enero 28, 2017 | Publicado por: Rafael Morillo
Las
segundas oportunidades y las posibilidades de reinserción social son
fundamentales en una sociedad democrática. Más aún para los menores que han
cometido un delito. Garantizar
las segundas oportunidades a jóvenes que han cometido un delito es el objetivo
final de la Ley de Menores, de sus juzgados y de todos los técnicos que
trabajan día a día con ellos.
De
todos los menores juzgados en 2015, solo un 15% tuvieron que pasar a
internamiento en régimen cerrado y un 12%
en régimen semiabierto. A la mayoría de los jóvenes se le impuso la
libertad vigilada junto con una serie de medidas
educativas y de reinserción.
Cuando
se implantan estas medidas es fundamental una figura que tenga como objetivo
ejecutar las medidas judiciales y ayudar al menor en su reinserción social,
además de intentar mejorar sus
circunstancias personales, familiares y sociales. Esa figura es la del
educador social. Estos profesionales
planifican un programa educativo personalizado y realizan un seguimiento del menor mientras cumplen
las medidas judiciales que son fundamentales para la reinserción de los menores
juzgados.
Los
menores con los que trabajan los educadores sociales son jóvenes con problemas
de integración, baja aceptación de las normas e influenciables a la presión de
grupo donde, normalmente, se mitifica al que comete delitos. Estos, en su
mayoría, provienen de familias
desestructuradas cuyas principales características son un gran número de
miembros, escasos ingresos económicos y falta de comunicación.
Por el
contrario, también es muy común, y cada día más, que los educadores sociales se
encuentren con menores provenientes de familias
y entornos estructurados y socialmente
reconocidos. Estos menores tienen todas sus necesidades básicas cubiertas,
pero no han recibido la atención
necesaria en su proceso de maduración. Son muy variados los delitos
cometidos por los menores. Los más comunes pueden ser problemas con las drogas, pequeños robos o hurtos y violencia
familiar. Este último es uno de los delitos que más ha incrementado en los
últimos años.
Las
distintas circunstancias sociales y familiares unidas a los distintos delitos y
problemas de los jóvenes hacen que las sentencias tengan que ser flexibles y
ajustarse a las necesidades del menor. Normalmente, se obliga al menor a retomar sus estudios, ya que muchos de
ellos los han dejado. Por otro lado, dependiendo de las circunstancias del
menor y de sus delitos, se le obliga a ir a terapia familiar, realizar tareas
socioeducativas o prestaciones de
beneficios a la comunidad. Por todo ello, es fundamental la labor de los
educadores sociales, quienes realizan un seguimiento de estas actividades,
además de aconsejarle y llevar un programa educativo adecuado a las
circunstancias que lo llevaron a cometer el delito.
Además
de realizar el seguimiento de las actividades programadas para el menor, los
educadores sociales tienen la función de realizar
informes y programas de mediación con los Juzgados de Menores para que el
menor se enfrente a las consecuencias de
sus propias acciones. Es importante analizar caso por caso ya que las medidas
judiciales se deben ajustar a las circunstancias de cada joven y al delito que
hayan cometido.
El 90% de los menores se reinsertan tras cumplir las medidas judiciales. Datos que
demuestran la importancia de estas condenas y del trabajo que realizan los educadores sociales, jueces y equipos
técnicos en la reinserción de estos jóvenes. El artículo 25 de la
Constitución Española expresa claramente que el objetivo de una pena judicial
es la reeducación y la reinserción
social. Trabajo del que se encargan Justicia
Juvenil y los Juzgados de Menores para ofrecerle a los menores esa segunda
oportunidad que necesitan y le debemos dar.
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